Un grupo de estudiantes de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y de la de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami ha elaborado un informe en el que ponen de relieve la difícil situación en la que se encuentran actualmente las mujeres rurales e indígenas en Guatemala.

 

Una de las grandes preocupaciones del estudiantado autor del informe se centra en la violencia contra las mujeres indígenas, quienes sufren una doble victimización: como mujeres y como indígenas. El estudio denuncia la falta de sensibilización de los operadores policiales y jurídicos, por lo que, con frecuencia, los procesos judiciales son discriminatorios, el trámite de denuncias es caro y extenso, y no existen medidas rápidas y efectivas que garanticen su protección. Además, el trabajo subraya que, cuando la violencia se consigue judicializar, se observa un escaso número de enjuiciamientos de los autores y, en el caso de terminar en condena, destaca la levedad de las penas que se imponen, factores que dan lugar a una impunidad sistémica. Los autores del informe llaman también la atención sobre el hecho de que en los juzgados de paz se apele a temas religiosos para que las mujeres perdonen a los hombres que las han maltratado.

 

El informe denuncia además cómo el aumento de los contagios por COVID-19 en las comunidades indígenas ha provocado el cierre de la mayoría de los servicios públicos y privados, que garantizan el acceso a la alimentación. Llama igualmente la atención sobre la necesidad de erradicar la discriminación contra las mujeres, lo que garantizaría el acceso a espacios y puestos políticos en los espacios hoy dominados por hombres.

 

El trabajo, con el fin de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se realizó entre los meses de enero y agosto de 2021 y fue presentado el 22 de septiembre pasado en un acto virtual en el que participaron estudiantes de ambas Clínicas Jurídicas, en el caso de la Clínica de la Faculta de Derecho de la Universidad de Oviedo, los aspectos más importantes fueron defendidos por la estudiante María Eugenia Gorostiza Prendes.

 

En el proyecto, han participado Elena Fernández Martínez-Panero, María Eugenia Gorostiza Prendes, Alejandro Trénor Guisasola, Bárbara Rodríguez Martínez, Juan Toraño Cueto, Jacqueline Vega Álvarez y Zenahir Steffany Romero Romero, estudiantes de la Clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, y que han sido tutelados académicamente por la profesora de Derecho Internacional Público, Beatriz Vázquez Rodríguez; el profesor de Derecho Constitucional, Antonio Filiu Franco Pérez, y el profesor de Derecho Penal, Javier García Amez.

 

Para la realización del informe, el estudiantado de ambas clínicas llevó a cabo una exhaustiva búsqueda legislativa, jurisprudencial, doctrinal y documental, cuyos resultados se debatieron a lo largo de varias reuniones telemáticas. Además, se realizaron numerosas entrevistas con mujeres de Guatemala en las cuales tuvieron la oportunidad de explicar su situación y cómo es su día a día. El estudiantado llegó a la conclusión de las importancias deficiencias que existen en la protección de ciertos derechos de las mujeres rurales e indígenas en Guatemala puesto que todavía no se han implementado todas las medidas imprescindibles para garantizar su adecuada satisfacción y que han sido reconocidas en el ordenamiento interno de Guatemala y en diferentes instrumentos de derecho internacional de los que este Estado es parte. Quizás la cuestión más novedosa es que el citado Informe incluye en su parte final, una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones de Guatemala con el objetivo de que corrijan lo antes posible estas situaciones de vulnerabilidad y se garantice la plena satisfacción de los derechos humanos de las mujeres indígenas y rurales guatemaltecas.