Las universidades que integran el Grupo 9 de Universidades han firmado una declaración en favor de la sociedad afgana en la que se ponen a disposición del Gobierno de España para contribuir a la acogida de la población refugiada. En el texto hacen hincapié en que "forma parte de nuestra historia y sentido como instituciones públicas dedicadas al conocimiento estar cerca siempre de los más desfavorecidos y contribuir, siquiera modestamente, a la lucha contra las injusticias".

 

También proponen cuestiones concretas como el ofrecimiento de cursos de español a través de los centros de idiomas, promover ante el Ministerio de Universidades la necesidad urgente de flexibilizar los procesos de acceso a las universidades españolas de los refugiados o establecer vías de contacto con universidades afganas, ya sea a través de la embajada o de otros refugiados que ya estén aquí. Los rectores del G9 muestran en el documento su más enérgica repulsa a la prohibición de que las mujeres afganas accedan a la Universidad. "Este hecho es un gravísimo atentado a la dignidad, a la libertad y a los más elementales derechos humanos de las niñas y mujeres afganas", reflejan.

 

Esta declaración ha sido firmada en la Asamblea General de Rectoras y Rectores del Grupo 9 de Universidades, que retoma su presencialidad tras la pandemia, y lo hace en Asturias, coincidiendo con la presidencia de la Universidad de Oviedo en la asociación. En el encuentro, participaron ocho de los nueve rectores del G-9 (Universidad de Oviedo: Ignacio Villaverde; Universidad de La Rioja: Juan Carlos Ayala Calvo; Universidad de Cantabria: Ángel Pazos Carro; Universidad de Castilla La Mancha: José Julián Garde López-Brea; Universidad de Extremadura: Antonio Hidalgo García; Universitat de les Illes Balears: Jaume Carot Giner; Universidad Pública de Navarra: Ramón Gonzalo García; Universidad de Zaragoza: José Antonio Mayoral Murillo) así como Cristina Leuza Álvarez, gestora de proyectos y actividades del Grupo 9 de Universidades y, en calidad de invitados, Borja Sánchez, consejero de Ciencia Innovación y Universidad del Principado de Asturias; David Benito, director del Campus Digital Compartido del G-9; Mercedes Cabrera, directora de la Colección de Ciencias Sociales y Humanidades de genueve ediciones; junto a Belmar Gándara, coordinadora del Consejo Editorial de genueve ediciones.

 

En la Asamblea General de Rectoras y Rectores se han analizado también las nuevas normas que afectan a la universidad. Con respecto a la Ley Orgánica del Sistema Universitarios, los rectores del G-9 se muestran muy críticos, en la misma línea en la que ya lo ha hecho la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, tras participar en los últimos Consejos de Universidades con la presencia del ministro Castells en los mismos. El G-9 considera que el anteproyecto, en sus sucesivas redacciones, ha ido alejando a las universidades españolas de la urgente e ineludible convergencia en aspectos centrales como la gobernanza y flexibilidad con el conjunto de sistemas universitarios europeos y no contiene un compromiso firme con las necesidades financieras del sistema español a pesar de la gravedad de la situación heredada de los recortes impuestos durante la crisis económica de 2008 y que ha agravado la pandemia y profundiza aún más el alejamiento de los sistemas universitarios europeos. Igual de críticos se han mostrado con la última modificación introducida en el anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria, que ha eliminado un instrumento muy prometedor que era la mediación como el medio preferente de resolución de conflictos.

 

Otro de los puntos del día de la Asamblea tiene que ver con los Fondos Europeos Next Generation. En este sentido, mostraron su preocupación por el poco peso que están teniendo las universidades en la configuración del reparto de estos fondos. "Las dos líneas de ayuda aprobadas por el ministerio son muy de agradecer, pero resultan insuficientes y, aun siendo conscientes de la finalidad última de este tipo de ayudas, las universidades podemos aportar mucho conocimiento para una recuperación exitosa de la sociedad española tras la pandemia". Explican que están preocupados por la ausencia de un paquete de ayudas específico para las universidades públicas en el marco de estos fondos, y trasladan al Gobierno de España "la necesidad urgente de que se articule un plan de choque de ayudas con cargo a dichos fondos para la modernización de las universidades españolas, que las haga más sostenibles y que les permita su transformación. Así podrán desempeñar un papel tractor en la recuperación tras la pandemia". 

 

De igual forma, los rectores de las universidades del G-9 se muestran alineados con la enmienda que ha elevado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en la que piden dotar al Ministerio de Universidades de una partida específica para financiar la transformación y el fortalecimiento del sistema universitario español. 

 

Por último, las universidades se han sumado al acuerdo COVAX, promovido por la Organización Mundial de la Salud, junto a la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), que trata de garantizar que la vacuna de la Covid-19 llegue a toda la población mundial. "Las universidades podemos aportar nuestro conocimiento y nuestra investigación para el desarrollo de nuevas vacunas e innovadores tratamientos farmacológicos", concluyen. 

 

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades, G-9, es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.