Las 76 universidades que forman parte de Crue comparten la filosofía del proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios recientemente sometido a audiencia pública. Como en el resto de países desarrollados, es importante que la ciudadanía sepa qué se entiende exactamente por Universidad y qué requisitos deben cumplirse para poder denominarse universidades. Del mismo modo debe insistirse que estos requisitos deben establecer unos principios mínimos de calidad del servicio público que se presta.
El proyecto de Real Decreto da un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos exigidos y debemos indicar que, en aspectos como los datos relativos a las plantillas de las universidades públicas, por ejemplo, se aprecian ahora y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica. Medidas que aún no se han revertido en su totalidad.
En este sentido, uno de los impactos más negativos de las restricciones impuestas a las universidades públicas se produjo en las plantillas del personal universitario, tanto en el Personal Docente Investigador (PDI), como en el Personal de Administración de Servicios (PAS), que vieron cómo a consecuencia de la imposición de una tasa de reposición extremadamente restrictiva, los efectivos que iban causando baja no podían ser sustituidos; en el caso del PDI, por profesorado doctor como el que se jubilaba. Este es uno de los principales motivos por los que ahora hay universidades públicas que no cumplirían ese requisito relativo a la plantilla de PDI, como se advierte en el informe publicado por el Observatori del Sistema Universitari.
Crue Universidades Españolas lleva años reclamando la eliminación total de esa tasa de reposición para que las universidades públicas, en el marco de su autonomía y responsabilidad, decidan qué necesidades reales deben cubrir para cumplir con su desempeño.
En otros aspectos, como es el caso de la cualificación del PDI o de la actividad investigadora, es importante resaltar que tanto los requisitos exigidos en el Real Decreto como los indicadores utilizados en este informe algunos informes para la medición del grado de cumplimiento actual de la futura norma, deben precisarse con más claridad. En el Real Decreto, el sistema de medición de la actividad investigadora ni está suficientemente detallado ni responde a un criterio homogéneo y aplicable a todas las disciplinas; tampoco lo están los indicadores exactos que deben usarse para medir el porcentaje de PDI, al no aclararse si se habla de profesores equivalentes a tiempo completo o profesores sin más. En este sentido, las simulaciones que Crue hizo en su día dan como resultado un grado de cumplimiento mucho mayor de estos requisitos por una gran mayoría de las universidades españolas.
Crue Universidades Españolas desea recordar que en octubre de 2020 tanto el Ministerio de Universidades como el de Ciencia e Innovación participaron en la presentación de «Universidad 2030: qué sociedad queremos para el futuro», un evento en el que, entre otros muchos aspectos, se abordaron estos temas pendientes de resolver y se aportaron propuestas para comenzar a construir la Universidad que necesitamos para liderar el cambio hacia una economía del conocimiento.
