Madrid, 25 de noviembre de 2020. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1993, Naciones Unidas definía esta como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». Sin duda, la violencia contra las mujeres es la expresión más dramática de la desigualdad de género en el mundo y, desde 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, está considerada como uno de los principales temas de preocupación mundial que tanto la normativa internacional como europea y estatal han ido incorporando. Las violencias contra las mujeres son también una amenaza para la salud pública mundial y, en condiciones de emergencia como la actual pandemia COVID-19, tienden a aumentar. Ante tales circunstancias, las universidades deben poner énfasis en hacer visible la persistencia de las violencias y paliar su impacto.

Las aulas y campus de las universidades, como espacios de relación, son reflejo de la sociedad en la que se desarrollan, y trabajamos cada día para que en ellas no se reproduzcan las diferentes formas de violencia, desigualdad y discriminación, consecuencia de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta que gran parte de las agresiones no se denuncian, contribuyendo con ello a una falsa percepción sobre lo puntual o esporádico del problema, los gobiernos universitarios no lo minimizamos. Visibilizar la pervivencia de dichas violencias y actuar de forma contundente contribuye a la erradicación de estas conductas.

Los equipos de gobierno de las universidades nos esforzamos en llegar a toda la comunidad universitaria para que interioricen nuestro posicionamiento contra las violencias machistas. Luchamos contra el desconocimiento de las estructuras de apoyo con que puede contar la persona que sufre una agresión machista y contra la normalización de las conductas sexistas, el sentimiento de culpa y el miedo a denunciar de las víctimas. También corregimos, en la medida de nuestras posibilidades la falta de mentoras o acompañantes y tratamos de agilizar unos procedimientos de excesiva complejidad, conscientes de que la hostilidad del agresor y su entorno y los efectos perversos que la denuncia puede implicar en la carrera profesional o académica, ayudan a la invisibilidad de este tipo de violencias en el seno de las universidades. Hemos avanzado mucho, pero somos conscientes de que queda aún hay muchas cosas que mejorar.

El compromiso firme y contundente en las declaraciones institucionales contra la violencia machista, la formación y sensibilización en la materia para todo el personal que trabaja en las universidades, especialmente la formación específica de las personas que integren las comisiones derivadas de los protocolos de actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo, son instrumentos esenciales para luchar contra las violencias machistas dentro de las universidades. Igualmente importantes son la difusión y proyección del trabajo de las Unidades de Igualdad como estructuras universitarias orientadas a luchar contra las agresiones machistas y los protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo sencillos y con procedimientos ágiles y no disuasorios ni revictimizadores para quien sufra una agresión de esa naturaleza.

Para ello es imprescindible que las universidades dispongan de recursos humanos y materiales suficientes y permanentes, resultado de una distribución equitativa y racional de los recursos del Pacto de Estado (acción octava), facilitando con ello la realización de estudios e informes de impacto de los diferentes indicadores de acoso y agresiones en su ámbito de competencia.

Las universidades somos generadoras y transmisoras de conocimiento y valores y asumimos nuestra responsabilidad como referentes sociales en el compromiso de hacer efectivo el principio de igualdad y la erradicación de las violencias contra las mujeres. No dar la espalda a la realidad es el primer paso. Para las universidades, contribuir a un mundo más justo, es tanto un reto como un deber inexcusable.