Los miembros de la Comisión Sectorial de Profesorado del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunidos el 20 y 21 de noviembre en la Universidad de Zaragoza, bajo la presidencia de su rector, José Antonio Mayoral, han destacado la necesidad urgente de que el Gobierno haga público, lo antes posible, el estatuto para el Personal Docente e Investigador (PDI), que afectará a las universidades públicas españolas. El futuro estatuto será esencial para definir el proceder y las responsabilidades del personal docente e investigador en estas instituciones, asegurando un desarrollo progresivo en su carrera del profesional, y luchando contra la inestabilidad laboral. La comisión sectorial ha contado con la participación de Pedro Alonso, vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo.

En segundo lugar, se ha debatido sobre la evaluación del profesorado, la aplicación del programa DOCENTIA y sus efectos sobre la acreditación del profesorado, poniendo de manifiesto las desigualdades que encontraría el profesorado a la hora de progresar en su carrera académica en función de las diferentes características de las fórmulas implementadas. Igualmente ocurriría en relación con el llamado sexenio docente, si es que se llegase a implantar. Las universidades del Grupo G-9 están convencidas de que al menos los instrumentos que afectan a quienes forman parte de los cuerpos docentes universitarios, que, al ser cuerpos nacionales, deben quedar unificados desde el gobierno estatal.

Por otra parte, ante el auge de centros universitarios privados en España, hay consenso entre los responsables de Profesorado del G-9 en que las universidades públicas necesitan enfatizar sus fortalezas, en particular, su capacidad para transferir conocimientos y tecnología al sector productivo, y a la sociedad en su conjunto. Se insta al gobierno a que se revisen las normas reguladoras de la creación de nuevas universidades.

Además, la comisión sectorial manifiesta su preocupación por el desarrollo de distintos temas ligados a la implementación de la LOSU, como, por ejemplo, la evaluación intermedia prevista para el profesorado ayudante doctor.